GOBIERNO DEL ESTADO, EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL AGRARIO

Martes, Dic 12 2017 | Hace 2 meses
  • Se ha cumplido en todo momento con las disposiciones señaladas por las autoridades competentes, señaló el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones

El Gobierno del Estado en el caso de la supercarretera a Mazatlán y los ejidatarios de Otinapa y San Carlos, ha cumplido con las disposiciones del Tribunal Agrario, por lo que se está a la espera de la definición de un tercer avalúo por parte de esa dependencia, señaló el Secretario General de Gobierno, Dr. Adrián Alanís Quiñones.

Dijo que el Gobierno del Estado en el caso del Ejido Otinapa y San Carlos, ha emprendido reuniones y ha acordado acciones conjuntas con los ejidatarios mediante convenios escritos o verbales, de acuerdo a las instrucciones del Gobernador Dr. José Aispuro Torres, de atender los problemas de los duranguenses para darles una vía de solución.

El Secretario General de Gobierno, rememoró que durante la ocupación temporal que se hizo durante la construcción de la supercarretera, el Gobierno del Estado en ese momento firmó un convenio donde se obligó a entregarles anticipos a cuenta de la indemnización que señalara el Instituto Nacional de Administración y Evaluación de Bienes Nacionales (Indaabin), por lo que durante esa temporada se hizo obra y se les entregó dinero en efectivo, por un monto de un millón y medio de pesos.

El año pasado ya las autoridades del ramo, mediante un decreto expropiaron la superficie que ocupa la carretera a Mazatlán, y a raíz de este decreto de expropiación se expide por el Indaabin un avalúo y se obliga al Gobierno del Estado a que se les paguen 585 mil pesos, mismos que oportunamente fueron depositados como lo indica el decreto correspondiente en el FIFONAFE para que se les hiciera entrega a los ejidatarios.

Sin embargo, los ejidatarios se inconformaron, por lo que actualmente se sigue un juicio, y en el proceso que se lleva a cabo ya se designaron peritos valuadores, uno por parte de ellos, que señaló ya un avalúo por un monto de aproximadamente quince millones de pesos, y otro por parte del Gobierno del Estado, que señala que las tierras que se ocuparon tienen un valor aproximado de tres millones de pesos. El Gobierno del Estado pagará la cifra sin un centavo más ni menos que fijen en el avalúo.

Ante esta situación se solicita un tercer perito en discordia, mismo que es designado por el Tribunal Agrario, sin embargo, dando una muestra de equidad y no se pensara que se influiría en la designación, ellos escogieron al perito que consideraron que llevaría el avalúo conforme a derecho.

Sin embargo, a la fecha no ha hecho el informe correspondiente, debido a que apenas el perito señalado ha aceptado este cargo como perito valuador, mismo que está dispuesto a llevar a cabo los trabajos correspondientes, por lo que estamos a la espera que el Tribunal Agrario nos llame a las partes y ver si estamos conformes con el avalúo que emite el tercero en discordia o bien, si el tribunal emite una resolución judicial señale una cantidad diferente a pagar que a la depositada en el FIFONAFE.

Asimismo, con relación al avalúo que hizo el Indaabin en el que los ejidatarios señalaron que no se consideraron los daños a bienes distintos al de la tierra, cabe destacar que los árboles que fueron derribados con motivo del trazo de la carretera fueron aprovechados por ellos mismos al comercializar la madera, por lo que no hay daños colaterales cuantificables, sin embargo, vamos a esperar el dictamen del perito tercero en discordia, que si así lo señala, lo dará a conocer al juzgador, y entonces se determinará quién tiene la razón.

El Gobierno del Estado reitera su disposición al diálogo, y hace un llamado a los ejidatarios a dejar a un lado las acciones que perjudican a los ciudadanos, mismas que pueden convertirse en ilícitos, por lo que reiteró que el Gobierno del Estado seguirá insistiendo en la tónica de la negociación en beneficio de los duranguenses, así como evitar que dependencias federales perjudicadas soliciten la intervención de la Procuraduría General de la República por el daño que están causando a su patrimonio.